Hablar de justicia injusta puede parecer un mero recurso literario, un oxímoron que busque darle estilo barroco a una reflexión, pero al conocer de primera mano el caso de Alberto Cañedo Carpintero, ex alcalde de Carcaboso, esta figura retórica toma cuerpo y se convierte en una realidad.

Alberto, castigado en la actualidad con 17 años de inhabilitación por dos sentencias condenatorias, ha sido víctima de un sistema judicial inflexible, excesivamente cuadriculado, que no es capaz de comprender los pormenores del día a día de la política, y cómo, mal utilizada, puede ponerse al servicio de un fin viciado y perverso.

Para quien no conozca el caso, Alberto accedió a la alcaldía de Carcaboso en 2005 tras una moción de censura contra el PSOE, que a su vez se había hecho con ella tras inhabilitar al anterior alcalde, del SIEx, por un delito continuado de prevaricación administrativa.

En este escenario es fácil comprender que la situación política de la localidad era bastante inestable, más cuando el concejal del PSOE, tras 20 años intentando acceder a la alcaldía lo consigue y ve truncadas sus aspiraciones tras unos pocos meses. Periodo que no obstante no desaprovechó para urbanizar unos terrenos familiares y conseguir algún que otro beneficio particular más.

Desde ese momento el entonces concejal socialista, Alfonso Bueno, y su hermano, Mario, comienzan una labor de desgaste y acoso contra el recién nombrado alcalde, intentando por todos los medios inhabilitarlo como ya habían conseguido con el alcalde anterior y, curiosamente, siguiendo el mismo procedimiento: saturando de solicitudes de información el registro municipal hasta imposibilitar la respuesta y denunciándolo por no darla en los tiempos y formas reglamentarios.

En 2007 el alcalde regionalista, ya en las listas de PREx-CREx, revalida su cargo con mayoría absoluta, al igual que repetiría en 2011, y una vez inhabilitado él,  la que fuera su teniente alcalde Lorena Rodríguez en 2015, esta vez en mayoría simple.

Desde entonces el ayuntamiento de Carcaboso se convierte en un municipio ejemplar en cuanto a políticas sociales, ecológicas, económicas y de sostenibilidad,  mostrándose como referente internacional en la defensa de estos principios. Durante este periodo se declara localidad libre de transgénicos, municipio del bien común, insumiso a la TTIP, se integra en la red TERRAE, en la de territorios reserva y pone en marcha actuaciones como los huertos sociales, gallineros comunitarios, jardines comestibles, el senado de mayores, el consejo infantil, el centro agroecológico demostrativo, y una cooperativa social para la elaboración de conservas vegetales con registro sanitario municipal, entre otros muchos. Todo ello con la oposición permanente del PSOE en todas las iniciativas.

Pese a todos estos logros la labor de destrucción por parte de los dos hermanos Bueno, que se alternan como candidatos en las listas municipales del PSOE, es constante y frenética, llevándole a comparecer ante la justicia por distintas denuncias en más de 30 ocasiones.

Finalmente, tras una labor de acoso permanente por fin consiguen que una juez, desestimando las alegaciones que se habían presentado, le condene por el delito de prevaricación administrativa continuada, esto es, por no facilitar a la oposición la documentación solicitada en varias ocasiones, toda vez que desde la defensa se demuestra que existe una voluntad evidente de bloquear la posibilidad de respuesta saturando el registro municipal. Los escritos se repetían una y otra vez con el fin de forzar que en alguna ocasión no se respondiera y así poder denunciar, como ya habían hecho, recordamos, con el anterior alcalde de SIEx.

A pesar de la trama urdida por los denunciantes, el juzgado considera probado que el delito existe y le condena a 9 años de inhabilitación.

Esta condena aparta a Alberto de su labor como alcalde siendo sustituido por Lorena Rodríguez en diciembre de 2014. Sin embargo, la persecución, que deja de ser política para convertirse en personal, se mantiene y Alberto se ve sometido a un segundo juicio, por prevaricación urbanística, tras conceder una licencia de primera ocupación a unas viviendas en la localidad, pese a existir un informe del técnico municipal, y otro del secretario, que advertían de su disconformidad con tal concesión.

Aún a la vista a estos informes, no vinculantes, Alberto decidió otorgar la licencia por considerar que de esta manera se evitaba que los vecinos perdieran la inversión realizada hasta el momento y se quedaran en la calle, con el compromiso del constructor de finalizar la urbanización de la parcela en los plazos establecidos. Para asegurar esta finalización el constructor depositó un aval que permitía cubrir los gastos en caso de incumplir su compromiso.

Desafortunadamente el constructor cayó en quiebra antes de finalizar las obras, y el aval no pudo ser ejecutado porque un error administrativo, no achacable a la labor política, había permitido que este caducase.

Desde entonces, los mismos vecinos que hasta ese momento habían implorado a Alberto que les concediese la licencia de primera ocupación para no perder sus viviendas, organizados por los dos hermanos Bueno, cuyo padre es curiosamente el propietario de la parcela dónde se realizó la urbanización, se convierten en denunciantes y solicitan, por la vía penal, que se responsabilice al entonces alcalde de forma particular y personal, de los daños derivados por esta situación, renunciando por tanto a la vía civil, que les habría permitido recuperar su dinero de forma inmediata gracias al seguro de responsabilidad civil suscrito por el ayuntamiento. Engañados por el gabinete de abogados que ha dirigido todas las acciones legales contra el exalcalde, renuncian a la vía más sencilla para meterse en una contienda particular contra él.

En octubre de 2015 se ha fallado la nueva sentencia, declarando a Alberto Cañedo culpable del delito de prevaricación urbanística, sentencia que será recurrida ante la audiencia provincial y que deja ver la buena intención existente en el momento de la comisión del delito y la ausencia de beneficio particular por parte del entonces alcalde de Carcaboso.

La sentencia lo inhabilita por otros 8 años pero no contempla ningún tipo de responsabilidad subsidiaria, por lo que los denunciantes habrán perdido su oportunidad de resarcirse de la inversión que realizaron para terminar por su cuenta la urbanización pendiente.

A la vista de la sentencia la juez considera que el delito existe, pero más como consecuencia de una falta administrativa realizada por buena fe que por una clara intencionalidad de delinquir.

Mientras Extremadura ha perdido a uno de sus grandes políticos, de las personas que han luchado por un mundo mejor y más justo y al que, lamentablemente, lo han frenado con las herramientas de las que dispone el sistema para que ninguno nos salgamos de la vereda que él mismo marca.