14 de marzo de 2017

Se DESESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Jesús Alberto Cañedo Carpintero contra la Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2.016 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia en los autos de juicio oral 171/2016, de que dimana el presente Rollo, y se confirma la misma, imponiendo al recurrente las costas procesales de esta alzada.

 

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.

 

Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado. Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de casación en los supuestos previstos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (siempre que el procedimiento se haya incoado a partir del 6 Código Seguro de Verificación E04799402-MI:VV13-5z8l-snb5-5Ww0-L

 

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es de diciembre de 2.015), a salvo lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes o para la impugnación de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

 

Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución.

 

Así mismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

22 de Noviembre de 2016

SENTENCIA 696/2016

En Plasencia, a 22 de noviembre de 2016.

Vistos y oídos por Alejandro Patrocinio Polo, Juez del Juzgado de lo Penal de Plasencia, los presentes autos núm. 171/2016, seguidos por los trámites del procedimiento Diligencias Previas, Procedimiento Abreviado procedente del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Plasencia, por delito de quebrantamiento de condena, contra JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, con DNI 9.345.930-H, representado por la Procuradora Dña. María Ángeles Munárriz Modrego y defendido por el Letrado D. Estanislao Martín Martín; como acusación particular Alfonso Bueno Sánchez, representado por la Procuradora Dña. María del Carmen Cartagena Delgado y bajo la dirección técnica del Letrado D. Marcial Herrero Jiménez; siendo igualmente parte el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia interpuesta por Alfonso Bueno Sánchez en fecha 12 de septiembre de 2014 contra JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento de condena. Por el Juzgado de Instrucción nº. 4 de Plasencia se incoaron las Diligencias Previas 1092/14, Procedimiento Abreviado 97/15, y practicadas cuantas actuaciones de instrucción fueron precisas para el esclarecimiento de los hechos, la determinación del autor y demás circunstancias concurrentes, se dictó auto de apertura de juicio oral, y se remitieron los autos al Juzgado de lo Penal de Plasencia, acordándose la incoación del presente procedimiento, señalándose para la celebración del plenario el día 6 de julio de 2016. Como cuestión previa, le Letrado de la defensa planteó incidente de nulidad y aportó documental, interesando la invalidez del requerimiento de fecha 9 de julio de 2014 de cumplimiento de la pena y la invalidez de la liquidación de condena, que fue recurrida y no tramitada. La defensa invoca vulneración del artículo 24 de la CE, y de los artículos 4.4, 130.1.4º y 80 y ss. del Código Penal, esgrimiendo que no se oyó a las partes sobre la posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena; que se solicitó con carácter previo la suspensión de la ejecución por interposición de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que se interesaba al Alto Tribunal que se pronunciase sobre la suspensión de la ejecución de la pena, y solicitándose indulto al Gobierno (art. 4.4 del C. Penal); que el Juzgado dictó Auto acordando la ejecución de la sentencia sin escuchar a las partes sobre la posibilidad de la suspensión de la misma. Se invoca por la defensa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27ª, de fecha 13 de diciembre de 2010, que se basa en el artículo 4 del C. Penal, en el sentido de facultar al tribunal a suspender la ejecución mientras se tramita el indulto, y citando el artículo 82 del Código Penal vigente, que exige la previa audiencia de las partes para que el juez o tribunal se pronuncie sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena. La defensa entiende que hubiera sido necesario antes de realizar el requerimiento pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de la pena, que era posible y viable la apertura de ese trámite, oír a las partes sobre la suspensión de la ejecución, y no se realizó motu proprio a petición del juzgado, pero que sí se solicitó por la defensa. Que en fecha 2 de diciembre de 2014 se desestimó el recurso planteado, denegándose la suspensión de la ejecución de la pena por tramitación del indulto. En definitiva, se aduce que la defensa solicitó la suspensión de la ejecución en fecha 30 de junio de 2014 y se presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en fecha 19 de mayo de 2014, por tanto, en ambos casos, con anterioridad al supuesto requerimiento del Juzgado de Paz efectuado en fecha 9 de julio de 2014. Y concluye la defensa manifestando que además el cese de un Concejal debe ser acordado por el Propio Ayuntamiento en Pleno, que tiene que pronunciarse el Ayuntamiento y cubrirse la vacante, por lo que tiene que dirigirse oficio al Ayuntamiento; que en fecha 2 de diciembre de 2014 se dicta Auto por el Juzgado de lo Penal desestimando el recurso contra el Auto que denegaba la suspensión de la ejecución de la pena y se da la orden para ejecutar la pena, que hubiera sido necesario otro requerimiento. Estas alegaciones también se formulan en el escrito de defensa (folios 423 y ss.). La documental aportada fue admitida sin perjuicio de su valoración en sentencia. De acuerdo con el Ministerio Fiscal y con la acusación particular, el Juzgador no aprecia vulneración alguna de la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE. Se solicita por la defensa básicamente la invalidez del requerimiento para el cumplimiento de la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos de Alcalde y Concejal de fecha 9 de julio de 2014, obrante al folio 81 de las actuaciones. Dicho requerimiento es meridianamente claro, que se fija como fecha de inicio del requerimiento el 9 de julio de 2014, requerimiento que aparece debidamente firmado, firma reconocida por el propio acusado en su declaración en sede judicial como imputado a los folios 151 y ss., aunque la expresión “que queda debidamente enterado” manifiesta que no es de su puño y letra, que no sabe quién la ha puesto. El acusado también admite en su declaración como imputado que en tal época contaba con asesoramiento de Letrado por esta causa penal (folio 152), por lo tanto no se puede esgrimir desconocimiento de su contenido, por la claridad del mismo y por contar con asistencia letrada. Por lo demás, como pone de relieve la acusación particular, en primer lugar, desde el punto de vista formal, el incidente de nulidad debió instarse en el procedimiento de ejecución correspondiente, no en el presente juicio oral. En segundo lugar, el artículo 4.4 del Código Penal configura la suspensión de la ejecución de la pena mientras no se resuelva el indulto como una facultad, como una potestad del juez o tribunal, al emplear el término “podrá”, no teniendo carácter automático, debiéndonos remitir al informe emitido por el Ministerio Fiscal en fecha 10 de noviembre de 2014 (folio 265), en el sentido de no proceder la concesión de la suspensión de ejecución de la pena en tanto se tramita el indulto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las personales del reo. En tercer lugar, el artículo 80 del Código Penal está previsto para la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, no para las de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo. En cuarto lugar, ninguno de los recursos presentados de contrario produce efectos suspensivos, y en relación al recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional, el artículo 56.1 de la LOTC dispone que “La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados”, recurso de amparo que ni tan siquiera fue admitido a trámite, como se acredita con la documental aportada por la propia defensa. Y finalmente, respecto a la decisión del Pleno del Ayuntamiento que esgrime la defensa, para que ese órgano adopte una decisión era necesaria una decisión personal, la de dimitir, y luego el iter administrativo; el acusado, condenado por sentencia firme, debió demitir, independientemente del procedimiento por el cual su vacante se hubiera cubierto. Por todas estas razones procede desestimar el incidente de nulidad planteado por la defensa, al no existir vulneración de derecho fundamental alguno.

SEGUNDO.-

En sus conclusiones definitivas el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1 del Código Penal, del que es autor el acusado, JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicitando la pena de DIECIOCHO MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE TREINTA EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal. Y costas.

TERCERO.-

La acusación particular en sus conclusiones definitivas calificó los hechos de autos igualmente como constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1 del Código Penal, del que es autor el acusado, JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y solicitando la pena de VEINTE MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE TREINTA EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal. Y costas, incluidas las de la acusación particular.

CUARTO.-

La defensa del acusado, se mostró disconforme con las calificaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal y acusación particular, solicitando la libre absolución del acusado con todos los pronunciamientos favorables, alegando en esencia, en base al incidente de nulidad planteado como cuestión previa, que no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para el delito de quebrantamiento de condena, pues entiende la defensa que la sentencia firme no era ejecutiva, ya que estaba planteada la suspensión de la pena, y que no hay notificación de la liquidación de la condena, que estaba pendiente de recurso.

QUINTO.-

Concedida la última palabra al acusado, manifestó que nunca ha tenido sensación de desobedecer, que jamás ha sido su intención desobedecer, que se siente acosado por la familia del testigo y que el Secretario del Ayuntamiento le decía que tenían que notificarlo al Ayuntamiento, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

Queda probado y así se declara que JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO fue condenado por sentencia nº. 439/13 de fecha 30 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia en causa de Juicio Oral 73/12, imponiéndosele la pena de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos de Alcalde y de Concejal, confirmada en grado de apelación por sentencia nº. 132/14 dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres en fecha 31 de abril de 2014. Queda acreditado y así se declara que JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, habiendo sido requerido para el cumplimiento de la pena con fecha 9 de julio de 2014, momento en el que se iniciaba el cómputo para su liquidación como se le hizo saber en el requerimiento, fue notificado de la liquidación de la condena el día 23 de diciembre de 2014 y fijado el día inicial para su cumplimiento el 9 de julio de 2014, habiéndose denegado la suspensión de su ejecución. Que con conocimiento de dichas circunstancias y de la obligatoriedad de cumplir la pena impuesta continuó desempeñando el cargo de Alcalde de la localidad de Carcaboso (Cáceres) hasta el día 23 de diciembre de 2014, fecha en que presentó su dimisión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

Los hechos declarados probados constituyen un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.1 del C. Penal. Los hechos así calificados han quedado acreditados fundamentalmente por la diligencia de requerimiento de fecha 9 de julio de 2014, obrante al folio 81 de las actuaciones, requerimiento que es meridianamente claro, fijándose como fecha de inicio del requerimiento el 9 de julio de 2014, requerimiento que aparece debidamente firmado, firma reconocida por el propio acusado en su declaración en sede judicial como imputado a los folios 151 y ss., aunque la expresión “que queda debidamente enterado” manifiesta que no es de su puño y letra, que no sabe quién la ha puesto. El acusado también admite en su declaración como imputado que en tal época contaba con asesoramiento de Letrado por esta causa penal (folio 152), por lo tanto no se puede esgrimir desconocimiento de su contenido, por la claridad del mismo y por contar con asistencia letrada. Por lo demás, y al hilo del incidente de nulidad planteado como cuestión previa, la interposición de recursos y la tramitación del indulto no suspende automáticamente la ejecución de la pena. La liquidación de condena fija como fecha de inicio para la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos de Alcalde y Concejal el 9 de julio de 2014 (folios 37, 80 y 361 de las actuaciones). Y, como decimos, el acusado tenía cabal y perfecto conocimiento de la fecha de inicio del cumplimiento de la pena de inhabilitación antes referida, requerimiento, reiteramos, que aparece debidamente firmado y contando en esa fecha ya con asistencia técnica letrada, por lo que no se puede alegar ahora desconocimiento de sus derechos y obligaciones, siendo el acusado –o debiendo serlo- perfecto conocedor de la trascendencia de sus actos jurídicos. Pero es que, además, los Concejales de la oposición requirieron en diversas ocasiones al acusado para iniciar el cumplimiento inmediato de la ejecución de la sentencia firme (sentencia núm. 439/2013 de fecha 30 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, confirmada en grado de apelación por sentencia núm. 132/2014 de fecha 31 de marzo de 2014 dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres, obrantes respectivamente a los folios 39 y ss. y 63 y ss.), solicitando que dejara y renunciara a su acta de Concejal (escritos de la oposición obrantes a los folios 85, 86 y 88), por lo que es manifiesta y patente la renuencia del acusado al cumplimiento de la decisión judicial, continuando ejerciendo el cargo de Alcalde y Concejal desde la fecha de inicio del requerimiento, el 9 de julio de 2014, hasta el 23 de diciembre de 2014, fecha en que dimitió, no haciendo durante ese período amago de cese o dimisión, por lo que el dolo es flagrante, y todo ello con independencia del procedimiento administrativo legalmente previsto para la sustitución del Alcalde, ya que en todo momento pudo haber dimitido, respetando, cumpliendo y obedeciendo las resoluciones judiciales, en este caso resolución firme, como corresponde a todo ciudadano en un Estado de Derecho, y ello independientemente que su vacante se pudiera haber cubierto posteriormente. En definitiva, existe dolo, ya que debía dimitir, independientemente del procedimiento legalmente previsto para cubrir su vacante, decisión que sólo le correspondía al acusado, como reconoce en su escrito obrante al folio 87 de las actuaciones, pero no cesó hasta el 23 de diciembre de 2014. La prueba practicada ha sido, por todo lo expuesto, hábil para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, por lo que procede el dictado de una sentencia condenatoria por un delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en el artículo 468.1 del Código Penal, que dispone que “los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si estuvieran privados de libertad, y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en los demás casos”.

SEGUNDO.-

Del anterior delito es responsable el acusado, JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, en concepto de autor, según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, al participar directa, material y voluntariamente en los hechos que se le imputan.

TERCERO.-

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La pena a imponer será la interesada por el Ministerio, que se encuentra dentro de los límites penológicos y es ajustada a las circunstancias del caso, existiendo bienes para hacer frente a sus responsabilidades, según la pieza separada de responsabilidades pecuniarias, a saber, la de DIECIOCHO MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE TREINTA EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal.

CUARTO.-

Señala el artículo 116 del Código Penal que toda persona responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. No procede hacer declaración al respecto.

QUINTO.-

Asimismo prescribe el artículo 123 del Código Penal y el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta, por lo que procede su imposición a JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, incluidas las de la acusación particular . Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que me confiere la Constitución Española y en nombre de Su Majestad el Rey,

FALLO

Que debo condenar y condeno a JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO como autor criminalmente responsable de un delito de quebrantamiento de condena, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIECIOCHO MESES DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE TREINTA EUROS, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal. Se imponen las costas causadas a JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, incluidas las de la acusación particular. Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días a contar desde la notificación, el cual deberá formalizarse ante este Juzgado. Entréguese copia de esta resolución a las partes y a los perjudicados. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos originales, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-

La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Juez que la ha dictado, estando celebrando Audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

 

Audiencia provincial de Cáceres – 1 de marzo de 2016

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Jesús Alberto Cañedo Carpintero y ESTIMANDO PARCIALMENTE el mantenido por la acusación particular contra la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado lo Penal de Plasencia de fecha 20 de octubre de 2015, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS citada resolución en relación con los pronunciamientos penales, condenado a Jesús Alberto Cañedo Carpintero a que pague en concepto de responsabilidad civil a los personados como acusación particular la cantidad que resulte del importe de las obras a ejecutar para terminar la urbanización de acuerdo al informe pericial incorporado a las actuaciones por la acusación particular, y siempre que no superen los 37.641,08 euros, y a Soraya Edris Guberna 242 euros más, imponiéndole las costas causadas en esta alzada a la parte apelantecondenada por el recurso desestimado, y se declaran de oficio las ocasionadas por el recurso parcialmente admitido.

Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado. Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de casación en los supuestos previstos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a salvo lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes o para la impugnación de sentencias firmes dictadas en ausencia del acusado, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notificación de la presente resolución (art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial); o para corregir errores materiales manifiestos o aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno (art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. Así mismo, podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse antes de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, según modificación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución.

Juzgado de 1ª instancia e instrucción número 1 de Plasencia – 20 octubre 2015

FALLO

Que debo condenar y condeno a Jesús Alberto Cañedo Carpintero como autor criminalmente responsable de un delito de prevaricación urbanística ya definido, con la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público electivo municipal de concejal o alcalde durante el tiempo de la condena y a la pena de diecisiete meses de multa con cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y al abono de las costas procesales incluidas las de la acusación particular.

Audiencia provincial – Sección Nº2 – Cáceres – 31 de marzo de 2014

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Jesús Alberto Cañedo Carpintero contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Penal de Plasencia de fecha 30 de octubre de 2013, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS citada resolución, imponiéndole las costas causadas en esta alzada a la parte apelante-condenada, incluidas las de la acusación particular. Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Juzgado de lo penal – Nº 1 de Plasencia – 30 de octubre de 2013

FALLO

Que debo condenar y condeno a Jesús Alberto Cañedo Carpintero como autor criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa, no apreciando circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, imponiéndole la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de los cargos de Alcalde y Concejal. Condeno a Jesús Alberto Cañedo Carpintero al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la notificación. Una vez firme la presente sentencia, remítase nota de condena al REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES.

Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Plasencia – 2 de agosto de 2010

PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL Y ARCHIVO DE LA PRESENTE CAUSA, conforme a lo estipulado en el artículo 641. 2 de la L.E.Cr. Debiéndose notificar la presente resolución a quienes la misma pudiera causar perjuicio, aún cuando no se hayan mostrado parte en la causa. Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma en el plazo de tres días y, subsidiaria o directamente sin necesidad del anterior, recurso de apelación en el plazo de cinco días. Así lo acuerda, manda y firma D. Jerónimo Cano de Lasala, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de los de Plasencia (Cáceres) y su partido judicial.